La semana pasada, el oficialismo ya había anticipado esta medida amparándose en el artículo 9 de la Ley 23.696, conocida como la Ley de Reforma del Estado, tras los paros que afectaron el servicio de la empresa estatal en septiembre.
Según el decreto 873/2024, también firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente.
El decreto destaca que la empresa cuenta con 1107 pilotos de línea para 81 aeronaves activas, lo que resulta en una proporción de aproximadamente 14 pilotos por avión operativo, una cifra que se considera desproporcionada en comparación con los estándares de la industria a nivel mundial.
En este contexto, se detalló que debido al déficit crónico, el Estado Nacional ha tenido que realizar aportes del Tesoro que ascienden a aproximadamente 8 mil millones de dólares desde la estatización de la empresa hasta la fecha.
El comunicado también enmarca esta decisión en los recientes índices de pobreza (52,9 %) y de indigencia (18,1 %) difundidos por el INDEC, argumentando que el Estado debe destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen. En este sentido, se afirma que el Tesoro Nacional no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes.
